Ministerio Público rechaza nueva ley que otorga mayor autonomía a la Policía en investigaciones preliminares
El pleno del Congreso de la República aprobó, en segunda votación, el controvertido proyecto legislativo que modifica el Código Procesal Penal, otorgando a la Policía Nacional del Perú (PNP) un rol más preponderante en la investigación de delitos y limitando las funciones del Ministerio Público en las investigaciones preliminares. Esta medida ha generado un intenso debate entre diversas instituciones del sistema de justicia.
La iniciativa, que obtuvo 80 votos a favor, 30 en contra y 6 abstenciones, propone que la PNP sea la encargada de llevar a cabo las investigaciones preliminares, bajo la conducción jurídica del fiscal, pero con mayor autonomía en la ejecución de las mismas. Esta modificación al artículo 60 del Código Procesal Penal redefine el papel de la policía en los procesos penales, buscando, según sus promotores, agilizar las investigaciones y optimizar los recursos del Estado.
“El fiscal conduce jurídicamente la investigación preliminar, la cual es llevada a cabo por la Policía Nacional del Perú, así como la investigación preparatoria, de acuerdo con el principio de legalidad. La PNP cumple los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función”, establece el texto modificado.
El presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Isaac Mita, defensor del proyecto, aseguró que los cambios permitirán fortalecer el debido proceso y garantizar la protección de los derechos de las partes involucradas en los casos judiciales.
Sin embargo, la aprobación ha sido duramente criticada por el Ministerio Público. La Junta de Fiscales Supremos, encabezada por el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, calificó la norma como inconstitucional, señalando que podría debilitar la imparcialidad en las investigaciones, al estar estas ahora bajo una mayor influencia del Poder Ejecutivo. Villena advirtió que la medida podría comprometer la autonomía de la Fiscalía, sugiriendo que el Ejecutivo tendría un control más directo sobre las investigaciones criminales.
Pese a las críticas, el ministro del Interior, Juan José Santivañez, respaldó la iniciativa, cuestionando la efectividad del Ministerio Público en la conducción de las investigaciones y destacando que la Policía cuenta con los recursos y personal necesario para llevarlas a cabo con mayor celeridad.
El proyecto de ley será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación o posible observación. Su destino genera expectativa, ya que, de ser promulgado, transformaría el enfoque de la investigación penal en el país, con implicancias tanto en la estructura de poder del sistema de justicia como en la protección de derechos fundamentales.
